El pasado 29 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 18/2022, de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como «Crea y Crece». La ley, que entrará en vigor el 19 de octubre de 2022, tiene como objetivo facilitar la creación de empresas, reducir los obstáculos de regulación, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento, financiación y expansión. Esta es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Entre las novedades de la Ley Crea y Crece se encuentra la reducción del capital social mínimo para la creación de una Sociedad Limitada a tan solo 1 €, en comparación con los anteriores 3000 €. Sin embargo, para proteger a los acreedores, se exigirá que se destine el 20% del beneficio a la reserva legal hasta que dicha reserva y el capital social alcancen el importe de 3000 €. En caso de liquidación, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre los 3000 € y la cifra del capital suscrito si el patrimonio no fuera suficiente para atender el pago de las obligaciones sociales.
Además, la Ley Crea y Crece elimina la posibilidad de crear una Sociedad Limitada en «formación sucesiva», ya que se considera que no tiene utilidad tras la reforma del capital mínimo. También se suprime la «Sociedad Limitada Nueva Empresa», por haber caído en desuso. Las existentes se regirán por la normativa de la Sociedad Limitada y utilizarán la denominación SRL.
Otra novedad importante es la obligatoriedad de los notarios e intermediarios que participen en la creación de una Sociedad Limitada de informar a los fundadores de las ventajas de utilizar los Puntos de Atención al Emprendedor y el Centro de Información y Red de Creación de Empresas para constituir y realizar trámites relacionados con el inicio de actividad de la Sociedad Limitada.
La Ley Crea y Crece también amplía el catálogo de las actividades económicas que están exentas de licencia previa de actividad y modifica la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las Administraciones Públicas y la protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.
En cuanto a la lucha contra la morosidad, se impulsan medidas en diferentes ámbitos. Se prohíbe el acceso a la contratación pública a las empresas que sean morosas y se exige al adjudicatario que acompañe a cada certificación de obra un certificado de pagos a los subcontratistas en determinados casos. Además, se impide el acceso a las subvenciones públicas a aquellos que no cumplan con la normativa sobre morosidad. Se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que elaborará un informe anual sobre la situación de los plazos de pago y de la morosidad en las operaciones comerciales. También se publicará cada año una «lista negra de morosidad» que identificará a aquellas empresas que no puedan present