El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley Antifraude, una reforma fiscal que tiene como objetivo combatir la evasión de impuestos y mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La normativa introduce una serie de medidas para garantizar que todas las personas y empresas contribuyan de manera justa y equitativa al sostenimiento del Estado.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligación de declarar en el Impuesto de Sociedades las filiales situadas en paraísos fiscales y la limitación del uso del efectivo en operaciones comerciales. También se establece una nueva obligación de información para los intermediarios fiscales, como asesores y abogados, que deberán informar sobre operaciones que puedan tener un impacto significativo en la tributación de sus clientes.
La ley también establece nuevas medidas para mejorar la transparencia y la información fiscal. En este sentido, se establece la obligación de declarar las criptomonedas y los monederos virtuales, así como la información sobre las cuentas bancarias en el extranjero. Además, se refuerza la colaboración entre la Administración tributaria y las entidades financieras para luchar contra el blanqueo de capitales.
En cuanto a las sanciones, la Ley Antifraude endurece las medidas para castigar a los defraudadores y evasores fiscales. Se establecen multas de hasta el 150% de la cuota defraudada, además de la publicación de los nombres de los condenados por delitos contra la Hacienda Pública.
La nueva Ley Antifraude, que entrará en vigor a partir del próximo mes de julio, supone un paso importante en la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos. Se espera que las medidas incluidas en la normativa ayuden a garantizar una mayor equidad fiscal y a proteger los intereses de la sociedad en su conjunto.